El Inpec ordenó este viernes desplegar un dispositivo de traslado de prisión del coronel (r) Róbinson González del Río, procesado por ejecuciones extrajudiciales, tráfico de armas y concierto para delinquir.
Según le notificaron al exoficial del Ejército, lo tenían que sacar de inmediato del patio R-2 de La Picota –destinado a funcionarios–, para reubicarlo en la cárcel de Picaleña, en Ibagué.
La decisión desencadenó una reacción de la Fiscalía y de la defensa de González, quienes argumentaron que dicho traslado podía entorpecer las audiencias en las que el coronel en retiro está ampliando su participación en al menos 70 ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.
Para la defensa, en Picaleña no hay condiciones de seguridad y logística. Además, está en trámite una acción de cumplimiento en la que se está solicitando que, a la luz de la Ley 1709, sea trasladado a una guarnición militar.
Y el fiscal de Derechos Humanos de Medellín, Luis Fernando Zapata Martínez, acaba de enviar una carta al Inpec en la cual pide que se mantenga en La Picota.
¿Peligro de muerte?
“Este despacho requiere escucharlo en diligencia de interrogatorio, igualmente, con miras a formulación de imputación, dentro de actuaciones en las cuales este viene colaborando con la Fiscalía en el esclarecimiento de los autores y partícipes del delito de homicidio en persona protegida y conductas que atentan contra la humanidad”, dice la carta del fiscal Zapata.
Y agrega que se hace necesaria su permanencia en dicho centro carcelario, por razones de seguridad y porque es allí donde se han encontrado las condiciones para poder realizar las diligencias e igualmente, de manera virtual, se programan por las autoridades.
Pero allegados a González son más directos. Aseguran que este teme que en el traslado o estadía atenten contra su vida.
Y manifiestan que el cambio de cárcel puede tratarse de una retaliación por la información que está suministrando y al preacuerdo que firmó con la Fiscalía.
El coronel (r) González ha señalado en sus versiones a varios oficiales de mayor rango, incluidos generales retirados. En las próximas horas se sabrá si el Inpec acoge o no la solicitud de la Fiscalía.
