El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha puesto en fase de comentarios públicos el borrador de una resolución que define el nuevo Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad (PPL) bajo la custodia, inspección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), así como para los niños y niñas menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional.
Este modelo busca superar la fragmentación histórica en la prestación de servicios de salud en el ámbito penitenciario mediante un enfoque integral, diferenciado y basado en Atención Primaria en Salud (APS), con énfasis en la capacidad resolutiva intramural, la articulación interinstitucional y la reducción de barreras de acceso.
Componentes principales del modelo
El documento establece la creación de una Red Integral e Integrada de Prestadores de Servicios de Salud para la Población Privada de la Libertad (RIIPPL), que permitirá una gestión unificada de la red de servicios. Entre las medidas clave se destacan:
- Fortalecimiento de la capacidad resolutiva intramural para resolver la mayoría de las necesidades de salud dentro de los establecimientos penitenciarios.
- Implementación de telemedicina y telesalud como estrategia para minimizar traslados externos y optimizar recursos.
- Desarrollo de sistemas eficientes de referencia y contrarreferencia entre los niveles de atención.
- Gestión directa de la red de servicios por parte del operador del modelo, en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
El objetivo central es garantizar una atención continua, oportuna, de calidad y con enfoque diferencial (de género, curso de vida e interseccional), respondiendo a las reiteradas observaciones de la Corte Constitucional sobre deficiencias estructurales como la intermediación excesiva, la desarticulación institucional y la falta de atención especializada a grupos vulnerables, particularmente mujeres gestantes y población infantil en contexto de encierro.
Financiación y desafíos estructurales
El modelo se financiará principalmente a través del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, una cuenta especial de la Nación. No obstante, expertos han señalado que su implementación plena representa un reto significativo en un contexto de restricciones presupuestales y problemas de liquidez crónicos del sistema. La necesidad de recursos adicionales para robustecer la infraestructura y el talento humano intramural podría generar tensiones financieras adicionales en el sector.
Atención diferencial a menores de tres años
Uno de los avances más relevantes del borrador es la inclusión explícita de los niños y niñas menores de tres años que residen con sus madres en los establecimientos penitenciarios. Aunque estos menores no se encuentran privados de la libertad por decisión judicial, su exposición a condiciones de encierro exige una atención integral con enfoque de primera infancia y protección de sus derechos.
El modelo contempla para esta población:
- Controles periódicos de crecimiento y desarrollo.
- Cumplimiento oportuno del esquema de vacunación.
- Intervenciones en nutrición y alimentación complementaria.
- Acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica oportuna.
- Articulación interinstitucional entre el INPEC, la USPEC, las entidades territoriales de salud y las instituciones de protección de la niñez (ICBF, entre otras).
Esta medida busca mitigar el impacto del entorno carcelario en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los menores, garantizando el interés superior del niño y principios de no revictimización y dignidad humana.
Implementación y transición
La resolución prevé un plazo máximo de seis meses para la implementación progresiva del modelo, con el fin de asegurar la continuidad en la prestación de servicios. Durante la fase de transición coexistirán los contratos vigentes con los nuevos esquemas operativos, lo que demandará una gestión administrativa y financiera rigurosa por parte de las entidades involucradas.
En síntesis, esta iniciativa representa un esfuerzo por reestructurar el sistema de salud penitenciario en Colombia, alineándolo con estándares constitucionales y de derechos humanos. Su éxito dependerá de la disponibilidad de recursos, la coordinación interinstitucional efectiva y la superación de las fallas estructurales que han caracterizado históricamente la atención en salud de esta población vulnerable.
