Infraestructura, escasos fondos y la falta de un predio propio denuncia director ante el Concejo.
Un fallo de tutela que ordena entregar el predio donde hoy opera la Cárcel para mujeres de Cartagena, ubicada en el barrio San Diego, a un particular, así como el pésimo estado de la edificación, son apenas la punta del iceberg de los problemas que enfrenta este centro, que además, como en las cárceles de todo el país, tiene sobrepoblación. El presupuesto que recibe, según su director, en paupérrimo.
“El presupuesto asignado para alimentación y atención psicosocial en la cárcel para mujeres de San Diego es de 1.218 millones de pesos hasta el 5 de octubre del 2015, el cual es insuficiente toda vez que se requieren alrededor de 300 millones de pesos más, para cubrir el resto del año”, explicó Luis Zurita, director de la Cárcel Femenina Distrital de San Diego, ante el Concejo de Cartagena, donde desnudó la dura situación del penal.
Zurita, además, explicó que existen motivos jurídicos y de infraestructura que obligan a realizar el traslado del penal de manera urgente.
“En el plano jurídico, el inmueble que ocupamos no es propio, y existe una sentencia de juez de tutela que ordena al Distrito expresar a la Gobernación la fecha de entrega del mismo”, agregó Zurita.
Además asegura, a propósito de las evidentes condiciones de deterioro de las instalaciones, que existen tres informes realizados por entidades del orden nacional y local que advierten el riesgo de un inminente desplome.
Deben crear fondo
Ante el riesgo que corren las internas y guardianes de este centro carcelario por las malas condiciones de infraestructura, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Roberto Barrios, pidió el traslado urgente de esta comunidad carcelaria.
“Es necesario trasladar temporalmente la cárcel de San Diego. Para esto, requerimos que se cree un fondo a través de un proyecto de acuerdo por parte del Concejo que permita tener recursos para poder garantizar que en el establecimiento donde se traslade la cárcel funcione con normalidad, independientemente de que se termine el período de la Alcaldía actual”, enfatizó Barrios.
Como el Distrito no ha encontrado un lugar para el traslado de la cárcel a zona rural que cumpla con todos los requisitos, como lo estipula el (POT), la Secretaría del Interior solicitó acompañamiento de la Procuraduría.
Para el director del penal, la solución a la problemática que hoy padecen podría solventarse con la creación de un fondo que permita garantizar el traslado provisional de las reclusas. También considera pertinente se revalúe lo establecido por el POT en materia de prohibiciones de establecimientos penitenciarios dentro del perímetro urbano, considerando que el traslado se debe hacer de manera urgente y los predios que han gestionado en la parte rural del distrito no cuentan con las condiciones locativas.
