El pasado martes el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se tomen medidas urgentes en los próximos 30 días para descongestionar lasUnidades de Reacción Inmediata (URI) en la capital de la República con el fin de que las personas que ya fueron cobijadas con medida de aseguramiento, o incluso condenadas, sean trasladadas a los diferentes centros para cumplir con estas medidas.
En la sentencia se advierte que es menester tomar medidas dirigidas a la descongestión de dichos centros de paso, esto debido a que en muchos casos los procesados superan los plazos establecidos por la ley que es de máximo tres días. Igualmente se pide que desalojar las estaciones de policía donde se encuentran privadas de la libertad estas personas.
En el Concejo de Bogotá se preguntaron cómo va a hacer el Inpec para acatar la orden, puesto que desde que comenzó a presentarse dicha situación de hacinamiento se hizo muy poco para solucionarla y fue necesario que la Defensoría del Pueblo instaurara una tutela para ordenar la descongestión de las URI de Bogotá, que fueron creadas para el paso transitorio de los detenidos mientras les resuelven su situación jurídica y que ahora éstas son convertidas en cárceles permanentes.
“No hay derecho a que se tenga que resolver con un fallo judicial un tema administrativo, que deberían resolver de manera conjunta y urgente los gobiernos nacional y distrital, encabezados por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que es el responsable de las cárceles del país, y de su buen funcionamiento”, dijo la concejal Lucía Bastidas.
La cabildante anotó que el problema ha llegado a tales extremos enBogotá, que desde el 2013 se vienen reportando hacimientos hasta del 300 por ciento en las instalaciones URI que no tienen ni cupos ni capacidad para albergar al número tan alto de detenidos, que no deberían permanecer más de 36 horas en estos lugares.
“Los casos más dramáticos que hemos encontrado son las URI de Paloquemao, donde han llegado a detener hasta 430 personas en un espacio para 120, con los problemas sanitarios y de salud que ello conlleva, como lo hemos podido constatar en recorridos diurnos y nocturnos que hemos realizado a estas instalaciones de Paloquemao. No menos grave ha sido el caso de la URI de la Granja en Engativá, donde la Policía ha utilizado el parque como centro de reclusión a la intemperie, e incluso ha esposado los detenidos a los árboles, pues tres CAI móviles y un camión no han dado abasto para tener a los reclusos. En esta URI hay cupo para 48 personas y han llegado a tener más de 110, que se ven obligados a dormir uno sobre otro y en el piso, en condiciones realmente infrahumanas, con olores insoportables para los detenidos y para los vecinos”, agregó Bastidas.
La misma Veeduría confirmó que en la UPJ y en las URI, que en total solo tienen cupos para 355 personas, se ha llegado a tener a más de 691 detenidos. “El problema de fondo es que el fallo de tutela que acaba de expedirse no soluciona el problema estructural carcelario, y es que los centros de reclusión de la capital están hacinados, con problemas sanitarios y sin la perspectiva de tener cupos para recibir a nuevos detenidos condenados o cobijados con medidas de aseguramiento”, subrayó.
“¿Cómo va entonces el Inpec a cumplir la orden en 30 días? No parece realista creer que porque hay un fallo de tutela el tema se va a solucionar, menos aun cuando hay una falta de recursos y de voluntad política para enfrentar un problema que lleva muchos años sometido a pañitos de agua tibia y convertido en una bomba de tiempo”, se cuestionó Bastidas.
«El director del Inpec, dentro del término improrrogable de un mes, contado a partir de la notificación de esta decisión, aplicando la regla del equilibrio decreciente, procederá a trasladar a las personas cobijadas con medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y las condenadas (…) se encuentren en las URI y estaciones de Policía de la capital a los centros carcelarios donde deban permanecer o sus domicilios si están favorecidos con detención domiciliaria», explicó la sentencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
Debido a la grave situación que se presenta en estos centros de paso se le ordenó a Camprecom, la Uspec, Secretaría de Salud y la Alcaldía de Bogotá crear un plan para prestarles el servicio de salud a las personas que se encuentren en las URI sin importar su situación jurídica.
Igualmente ordena que se verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Unión Temporal encargada del suministro de la alimentación en estos centros de detención transitoria. Esto debido a las graves denuncias que se han recibido frente a la insuficiencia, mal estado y entrega tardía de las raciones de comida a las personas que se encuentran en las URI.
Para la concejal Lucía Bastidas, “todo indica que estamos, lejos, muy lejos, de que el gobierno asuma que el tema del hacinamiento carcelario es de prioridad máxima porque involucra la violación extrema de los derechos humanos de los detenidos”.
El Inpec deberá conformar mesas de trabajo para diseñar una estrategia que permita generar iniciativas y políticas de modernización y humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, la creación de planes a corto, mediano y largo plazo a todas y cada una de las necesidades de la población privada de la libertad.
Fuente: El Espectador
