La Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacional, al Ministerio de Justicia y al Inpec presentar, en 10 días, un informe que de cuenta la manera en que se ha cumplido con un fallo de tutela del 2014. En este, la Corte exigió al Gobierno tomar las medidas necesarias para que los presos de la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, estén en condiciones dignas de lo contrario el penal sería clausurado. La Defensoría y el Tribunal Administrativo del César también deberán informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la sentencia T-282 de 2014, así como el resultado de las inspecciones efectuadas en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar o de la visita técnica realizada en enero pasado.
Dicho Tribunal negó el pasado 9 de febrero la posibilidad de cerrar el penal al estimar que se han cumplido parcialmente con las órdenes. No obstante, conminó al Inpec para que sigan las adecuaciones del penal para “lograr un buen funcionamiento del establecimiento carcelario en todos los sentidos, que conlleven a que cumplir una pena privativa de la libertad no constituya por sí misma, una pena cruel, inhumana y degradante”.
De la misma manera, y ante los anuncios de una huelga de hambre en el penal, la Corte le solicitó a la Defensoría del Pueblo de Valledupar y a la delegada de Asuntos Carcelarios de la Procuraduría General de la Nación, que se haga seguimiento al cumplimiento del protocolo en los casos de huelgas de hambre al interior del penal.
La situación en La Tramacúa
Uno de los problemas estructurales de la cárcel tiene que ver con el suministro de agua para los internos, al punto tal, de que la Corte, en su decisión de 2014, estimó que se debía suspender el ingreso de nuevos reclusos hasta que el centro pudiera contar con el agua adecuada. Esto es, que cada persona cuente con “20 litros al día para satisfacer sus necesidades básicas, cinco litros diarios para sobrevivir, teniendo en cuenta que se encuentran en una ciudad calurosa y, en las noches, deberán poder almacenar, por lo menos, dos litros de agua”.
Sumada a las adecuaciones de tuberías, baños, manejo de alimentos, brigadas jurídicas, atención médica, la Corte también insistió en que se revisaran las denuncias existentes por malos tratos supuestamente perpetrados por guardianes del Inpec.
A dos años de la sentencia, la abogada Gloria Silva, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, asegura que sólo una de sus torres —la 9, que fue entregada en enero— cuenta con la capacidad para que el agua llegue a todos los pisos de la misma, aunque al parecer con goteras.
“Frente al nivel de cumplimiento de la sentencia lo único que puede decir el Inpec es lo relacionado con la entrega de esa torre que tiene deficiencias estructurales. Y si el problema es el suministro del agua, lo que observamos es que sigue siendo racionada, que no es permanente: la suministran en dos oportunidades al día”, dijo Silva.
(Lea aquí: Ultimátum de la Corte para que el Gobierno garantice derechos fundamentales de los presos)
La diferencia, insiste Silva, es que el agua ahora sí llega a las celdas y ya los reclusos no tienen que recogerla en un patio y subirla “al hombro” o en baldes a las torres por un sistema artesanal de cuerdas que se inventaron los presos para poder tener el líquido.
Actualmente, hay obras en las torres 2 y 6. No obstante, esto implica —dice el Comité— que los presos tengan que ser ubicadas en las otras torres, agravando situaciones de convivencia y de seguridad de los reclusos.
Silva asegura, además, que hasta el momento no se ha producido sanción alguna en contra de los responsables de los casos de tratos crueles e inhumanos como el uso excesivo de la fuerza y de gases lacrimógenos y pimienta en los espacios cerrados del penal, el uso del aislamiento como medida de castigo y la supuesta destrucción de los elementos personales de los presos en las requisas.
Fuente: El Colombiano
