En la Unidad de Servicios Penitenciarios del país (Uspec), entidad encargada de los millonarios contratos de todo tipo para las cárceles del país, están ocurriendo cambios. Desde la semana pasada hay silenciosos movimientos que hacen pensar que algo pasa allí adentro.
Para empezar, este sábado 16 de abril, el presidente Juan Manuel Santos nombró como directora de este entidad a la ingeniera Isabel Cristina Martínez, que tiene vasta experiencia en el sector de las telecomunicaciones.
Se trata de una profesional egresada de la Universidad del Cauca, con máster en Economía de Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y en ingeniería de la Universidad de Concordia en Montreal. Fue gerente de Servicios Móviles y gerente de Desarrollo de Negocios de la ETB y gerente de Proyectos en el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones. Ella reemplaza a Claudia Alejandra Gélvez, que sirve como asesora en el Ministerio de Justicia y quien se encontraba de manera temporal en la dirección.
Ahora, Isabel Cristina tiene la titánica tarea de lograr que a los reclusos del país se les garanticen sus derechos fundamentales. Pero tendrá una labor aún más difícil: velar porque el dinero destinado para la atención de los presos sea utilizado para ese fin. Un trabajo que no será nada fácil, sobre todo porque en los últimos días se rumoraba sobre malos manejos dentro de esta entidad.
Tanto así que el director logístico de la Uspec, Orto Enrique Zurique, tuvo que ser removido de su cargo. Se trata de un alto puesto por donde pasaba prácticamente toda la contratación. “Él salió porque hubo mucho ruido sobre su trabajo, aunque –debo ser claro– no se le ha comprobado nada”, dijo a Semana.com una fuente del Ministerio de Justicia.
Y es que su salida se dio, curiosamente, días después de que este portal reveló una delicada carta-denuncia que envió el ministro de Justicia, Yesid Reyes, al fiscal encargado, Jorge Perdomo.
Allí, el alto funcionario cuenta sobre unos correos electrónicos que le llegaron al viceministro de Justicia, Carlos Medina, en donde se evidencia una presunta comisión de delitos derivados de la entrega de contratos en la Uspec.
En la carta, el ministro denuncia que, al parecer, personas vinculadas a la entidad estarían pidiendo a empresas de medicamentos algunos “beneficios” a cambio de darles los contratos. (Lea: La preocupante denuncia que hace Minjusticia).
La tarea de la nueva directora no será fácil. No sólo deberá velar porque se garanticen los derechos a los presos del país, sino que tendrá que vigilar muy bien cada peso y cada contrato que se entregue, pues esta entidad tiene encima los ojos de las autoridades.
Fuente: Revista Semana
