Con el fallo firmado por el Magistrado ponente, Gildardo Botero Zuluaga, en segunda instancia ordena al Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez a iniciar el proceso de ayuda económica a favor del Coiba de Picaleña y a la Permanente Central, tras las constantes fallas que se han presentado en la Permanente de donde ya varios indiciados y sindicados intentaron escapar, tema que debe ser solucionado en un mínimo de tiempo, es lo que se dice en el fallo que Ondas de Ibagué tiene en exclusiva y que estaremos colgando en las redes sociales.
Según el Magistrado Botero Zuluaga, en respuesta a la impugnación de Tutela número 72095, confirma el fallo de Tutela proferido por la Sala del Tribunal Superior del Distrito judicial de Ibagué, el 27 de febrero de 2017, dentro de la acción de Tutela instaurada por el Procurador Provincial de Ibagué, el Procurador Regional del Tolima y
la Defensoría del Pueblo, contra la Alcaldía de Ibagué, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, la Dirección Regional del Inpec, la Secretaría de Salud de Ibagué, la Policía Nacional, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del Coiba, la Policía Metropolitana de esta ciudad y el Comando de la Permanente Central de la misma ciudad, por las razones expuestas ordena al Procurador y al Defensor que tienen que exigirle al Alcalde Jaramillo, que cumpla con su obligación de atender las necesidades de la Permanente Central y del Coiba.
De la misma manera se entiende en el escrito oficial que el Magistrado Gildardo Botero Zuluaga, ordcena a Jaramillo Martínez no trasladarle los problemas al Penal de Picaleña y solucionarlos en el menor tiempo posible para aliviar la situación de hacinamiento que existe en este momento en la Permanente Central y en los calabozos de la Fiscalía en Ibagué.
Según el Decreto 040 del 12 de enero de 2017, el Alcalde de Ibagué debe construir unos sitios que deberán ser llamados de “Arraigo Transitorio”, a donde deben ser conducidos los sindicados de la Permanente y del Coiba, para garantizarles los Derechos Fundamentales y un trato digno, bajo el parámetro de los Derechos Humanos Internacionales y para ese tema el primer mandatario de los ibaguereños, debe disponer de los recursos necesario.
Ondas de Ibagué tuvo acceso a un documento confidencial del Coiba de Picaleña, en el que se descubre que el terreno donde está construido el complejo carcelario fue cedido legalmente por el municipio al Ministerio de Defensa y esta cartera de manera legal también lo cedió al Ministerio de Justicia. Finalmente fue cedido al Inpec para que fuera construido el Centro Carcelario y Penitenciario de Alta seguridad de Picaleña en Ibagué.
Por esta razón y con el documento en mano, que estaremos también colgando en nuestras redes sociales, el Alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, no podrá continuar con el tema de cobrarle arriendo al Inpec por los terrenos, pues reza en el documento que les fueron cedidos legalmente.
Información extraoficial da cuenta que el Alcalde Jaramillo Martínez, ofreció el año anterior al Coiba de Picaleña un monto cercano a los 60 millones de pesos para ayudar a su mantenimiento, pero a la llegada de uno de los Secretarios de Gobierno del municipio, se tomó la decisión de ya no entregar un peso al penal de Picaleña, motivo por el cual el viernes anterior instauraron una acción de Tutela al Coiba, que en este momento se encuentran contestando los abogados del Inpec y donde se habla nuevamente de tener que recibir los internos de la Permanente sin recibir una sola moneda de la Alcaldía, dejándole toda la responsabilidad al Inpec, pese a que ya existe el fallo en segunda instancia que ordena lo contrario y a favor del Coiba.
Fuente: Ondas de Ibagué
