En época de hacinamiento carcelario, paradójicamente 30 reclusos de La Picota, que deberían estar en sus casas disfrutando de su beneficio de prisión domiciliaria, que les concedió un juez, siguen estancados en el penal y en una especie de limbo. El motivo para su situación es que no hay brazaletes electrónicos para dejarlos salir.
La denuncia la hizo la Personería Distrital, luego de verificar la queja de la madre de un preso, que le relató al ente de control, que a pesar de que a su hijo le concedieron desde finales de octubre la casa por cárcel, aún sigue interno y, lo peor, sin la posibilidad de recibir visitas.
Tras conocer la queja, el ente de control envió un delegado para entrevistarse con el recluso y con algunos funcionarios del penal, para conocer los detalles detrás de la situación. Fue cuando se encontró con una sorpresa mayor: la situación parece que no es exclusiva de La Picota, sino que afecta a otras cárceles del país.
Según pudo averiguar la Personería, la asignación de los brazaletes le corresponde a una oficina adscrita al Inpec. “Sin embargo, encontramos que el contrato para el suministro de dispositivos electrónicos se acabó y apenas están tramitando el nuevo contrato. Mientras tanto, los reclusos siguen esperando a que alguien les solucione la situación”, relató el personero distrital, Ricardo Cañón.
“Es una cosa triste. Luego de conocer la denuncia, notifiqué a los directivos de La Picota sobre la queja. No pude hablar con el director, sino con su asistente, quien me explicó que para hacer efectiva la domiciliaria eran necesarios esos dispositivos y no se los habían asignado. No sé cuántos dispositivos faltan en el país, pero esto es algo que se suma a la grave crisis por el hacinamiento”.
Pero más allá de la falta de dispositivos para hacer efectiva la orden de un juez, hay una situación adicional: a los que les conceden el beneficio de casa por cárcel, pasan a una lista de espera. Al adquirir esta condición, quedan en un limbo, porque al estar próximos a salir, automáticamente les dejan de agendar visitas de sus familias. La situación se prolonga mientras lo dejan salir de la cárcel, explicó la Personería.
“Esto no lo podemos volver normal. Estoy convencido de que el ministro de Justicia no sabe esto y creo que no se lo van a contar. Entonces, prácticamente me convertí en el informador del ministro para que se tomen medidas urgentes sobre el asunto. Vemos que no se tuvo precaución. Sabían que el contrato se iba a vencer y no hicieron lo necesario para evitar la situación que hoy viven los reclusos”, concluyó el personero distrital.
La denuncia se suma a la advertencia que hace meses había hecho la Corte Constitucional, que en agosto pasado exhortó al Inpec para que tomara todas las medidas dirigidas para tener siempre brazaletes electrónicos y así cumplir con las órdenes de los jueces de las República, que ordenan el traslado de presos a sus domicilios bajo esta vigilancia.
En esa oportunidad, el alto tribunal indicó que era repetitivo que los presos no hubieran podido disfrutar de sus detenciones domiciliarias debido al déficit de brazaletes, con lo que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales. Este pronunciamiento se hizo tras resolver una acción de tutela presentada por un recluso en Huila, que manifestó que no había podido ser trasladado a su domicilio, pese a que existía una orden judicial. Debido a esta situación estuvo privado en centro carcelario durante un periodo de cuatro meses esperando el cumplimiento del fallo.
A la fecha, tal parece que la orden del máximo tribunal constitucional no se cumplió, situación que podría empeorar la situación de las cárceles del país.
Fuente: El Espectador
