El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de Colombia está a punto de implementar una estrategia pionera para combatir uno de los problemas más acuciantes que enfrenta el sistema penitenciario: la extorsión telefónica desde las cárceles.
Colaboración Interinstitucional
En una iniciativa sin precedentes, el Inpec ha unido fuerzas con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y las empresas operadoras de telefonía móvil. El objetivo es crear un sistema que permita bloquear de manera efectiva las llamadas extorsivas que se originan dentro de los centros penitenciarios.
Mecanismo de Denuncia y Bloqueo Inmediato
El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, reveló detalles sobre cómo funcionará este nuevo sistema:
- Se establecerá una línea gratuita 018000 para que los ciudadanos puedan reportar llamadas sospechosas o extorsivas.
- Al recibir una denuncia, se realizará una geolocalización inmediata del número telefónico.
- Si se confirma que la llamada se originó desde una prisión, el operador procederá al bloqueo instantáneo del número.
Este proceso no requerirá intervención judicial directa, ya que contará con la participación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional.
Inspiración Internacional y Expectativas
Gutiérrez mencionó que este modelo se inspira en una estrategia similar implementada en México. Las autoridades colombianas esperan que esta medida tenga un impacto significativo en la reducción de las extorsiones carcelarias, aunque reconocen que los delincuentes podrían buscar nuevas modalidades para continuar con sus actividades ilícitas.
Contexto y Desafíos Actuales
La implementación de esta estrategia se da en un contexto de crecientes desafíos para el sistema penitenciario colombiano:
- El hacinamiento en las cárceles ha aumentado del 19% al 25.4% en los últimos años.
- Las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) enfrentan un hacinamiento crítico que supera el 170%.
- Existe un déficit de aproximadamente 15,000 funcionarios en el sistema penitenciario.
- Se requieren alrededor de 40,000 cupos adicionales para personas privadas de libertad.
A pesar de estos obstáculos, las autoridades confían en que esta nueva estrategia contra la extorsión marcará un punto de inflexión en la lucha contra este delito que tanto afecta a la sociedad colombiana.
