Carurú, Vaupés, es una población en medio de la selva a la que no se puede llegar por vía terrestre y cuyos habitantes difícilmente tienen la oportunidad de acceder a atención médica especializada. Este tipo de aislamiento resulta particularmente anacrónico en una época en la que, gracias a la tecnología, los profesionales médicos pueden atender a sus pacientes y ponerse en contacto con sus colegas en cuestión de segundos y sin importar que los separen cientos de kilómetros.
Por ejemplo, los profesionales de Médicos Sin Fronteras que trabajan en países como Nigeria y Sudán del Sur consultan por internet entre cinco y 10 veces al día la opinión de uno de los 280 especialistas que trabajan para dicha organización alrededor del mundo. Ahora los esfuerzos de muchos médicos no están enfocados en llegar directamente a donde está el paciente, sino en aprovechar los recursos tecnológicos que tienen a la mano para evitarle desplazamientos innecesarios y garantizar su acceso a servicios especializados. Dentro de lo que se denomina “salud digital”, la telemedicina, la salud móvil, la teleasistencia y las redes sociales en salud han multiplicado las vías por las cuales se pueden encontrar médicos y pacientes.
Si bien la telemedicina fue concebida para superar barreras geográficas y mejorar el cubrimiento de la atención médica especializada, un grupo de investigación de la Universidad de Caldas, que se enfoca en este tema, decidió en 2013 concentrar sus esfuerzos en la población carcelaria.
El objetivo del equipo, dirigido por el doctor Camilo Barrera, era establecer la efectividad de la telemedicina en el tratamiento de depresión en los reclusos, una población que, al estar ubicada en las cabeceras municipales, no se enfrenta con obstáculos geográficos, pero sí tiene que vérselas con el aislamiento y con toda una serie de barreras burocráticas para ser atendida por especialistas médicos.
Cuando una persona que está en la cárcel requiere un servicio médico especializado, su trámite puede llegar a tomar meses. “Según nuestro estudio”, afirma Barrera, “en la Cárcel Municipal de Manizales, de todos los reclusos que fueron remitidos al especialista, sólo el 3 % consiguió tener acceso a ese tipo de servicios. Es muy difícil que los médicos vayan a las cárceles y, por otro lado, sacar a un recluso para llevarlo a un centro de atención es muy costoso. Una sola consulta puede llegar a $450.000 e implica incrementar la posibilidad de que ocurra una fuga o exponer la vida del recluso y del personal de seguridad que lo acompaña”.
Según el Estudio de prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, realizado en conjunto por la Universidad de los Andes y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, mientras 3,2 % de la población colombiana padece algún tipo de depresión, esa cifra asciende a 24 % entre los presos. Este trabajo se centró en los internos la cárcel Modelo en Bogotá.
Aunque el equipo de la Universidad de Caldas tiene cerca de 15 años llevando la telemedicina a más de 100 municipios, el proyecto de telepsiquiatría que pusieron a prueba en el Establecimiento Penal y Carcelario de Varones de Manizales les planteó un reto diferente. Los llevó a formular un protocolo para prestar el servicio en centros de reclusión y a desarrollar la tecnología correspondiente, que en este momento está en proceso de patentes y que busca adaptarse a las necesidades y los problemas particulares de una cárcel.
El “teleconsultorio” que desarrolló el grupo integra un computador, sin cables ni teclado, con diferentes dispositivos biomédicos, como un electrocardiógrafo y un glucómetro. Fue creado exclusivamente para evaluar la salud de los 106 reclusos que aceptaron hacer parte de la investigación.
Las pruebas realizadas contemplaron dos modalidades de consulta. La primera, por teleconferencia en directo, y la segunda, en tiempo diferido. Ambas se hacen a través de un médico que está en la cárcel y que envía los datos del paciente a un especialista, quien presenta su concepto. Los resultados arrojaron que los dos tipos de consulta fueron efectivas y reducen considerablemente los costos de todo el procedimiento.
Este proyecto de telepsiquiatría ha recibido el apoyo del Ministerio TIC, del Inpec y, recientemente, fue premiado en la I Bienal de Inclusión Social Colsubsidio, en la que recibió US$20.000 como estímulo económico. “El premio fue un impulso muy grande porque ya terminamos la fase de investigación y queremos continuar trabajando en su implementación”, dice Barrera, quien además está convencido de que, más allá de ser una posibilidad, la telemedicina es algo necesario e irreversible: “No sólo es una alternativa para restablecer el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, sino que, también, tiene un enorme potencial en tratamientos de dermatología, medicina interna, infectología, ginecología y neumología, cuya atención es particularmente necesaria en los centros penitenciarios”.
Fuente: El Espectador
