Según el diario El Espectador, Maria Cristina Palau fue capturada en Cali por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, por presuntos hechos de corrupción en un convenio con FONADE para la construcción de cárceles. Reproducimos la nota del diario por representar sumo interés a nuestros afiliados:
En la ciudad de Cali fue capturada María Cristina Palau, ex directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). La exfuncionaria es procesada por supuestos hechos de corrupción en la suscripción de un convenio con Fonade para la construcción de cárceles. Palau fue declarada insusbistente el primero de octubre de 2017, luego que se presentaran una serie de denuncias anónimas que la relacionaban con manejos irregulares en la entidad.
La mujer fue detenida junto con Hugo Bula, Héctor Julio Álvarez Rivero y Juan Carlos Montoya. Ahora, todos deberán ser judicializados y en las audiencias se conocerán más detalles de la investigación en su contra. Los escándalos no son nuevos para Palau quien salió de la entidad en medio de graves denuncias. Según lo reveló La W Radio en su momento, al ministro Enrique Gil Botero le llegó un correo electrónico en el que un supuesto contratista le contó que Palau le había exigido $3 mil millones a cambio de adjudicarle un contrato para realizar obras en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y en la de Pereira (Risaralda).
El primer pagó de $600 millones, relató el denunciante, se realizó en el hotel Tryp a donde asistió la misma Palau. La exfuncionaria, por su parte, negó cualquier tipo de responsabilidad en esos hechos. “El anónimo menciona que, estuve en el Hotel Tryp de Bogotá en el Salón Carolina, sitio que jamás he visitado y, que las corresponderá a las autoridades adelantar las averiguaciones correspondientes”, señaló para la época en un comunicado.
En julio de 2018, El Espectador reveló que las autoridades ya tenían la lupa puesta sobre varios convenios firmados por Fonade, especialmente con la Uspec y el Departamento para la Prosperidad Social. En el primero, se trata de proyectos para la construcción e interventoría de nuevas cárceles, la ampliación de cupos y el mantenimiento de la infraestructura de las prisiones. Se investiga la existencia de emisarios que contactaban a contratistas dispuestos a pagar coimas. Esos pagos, al parecer, tuvieron como destino los bolsillos de los padrinos políticos que tenían el control de la entidad.
