Según la denuncia, desde hace dos meses el Ministerio de Hacienda aprobó las vigencias futuras sin que la directora de la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau, inicie el debido proceso licitatorio.
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Se trata de contratos como el de brazaletes electrónicos, el de la adquisición de equipos para las áreas de panadería y lavandería, contratos por más de 70 mil millones de pesos.
Freiman Pérez, del sindicato, aseguró que el proceso de vigilancia electrónica será enviado para que sea contratado a través de la Bolsa Mercantil y dijo que en los pliegos de petición piden que la empresa a cargo del contrato tenga experiencia en Colombia y el único que cuenta con ese requisito es el operador actual.
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