Las Alianzas Público Privadas (APP), que han sido decisivas para la ejecución de megaproyectos de infraestructura como las carreteras de cuarta generación, entrarán a jugar, por primera vez, en la modernización del sistema penal y carcelario del país.
Así quedó planteado en el nuevo documento Conpes de política penitenciaria y carcelaria, que prevé inversiones por un billón de pesos y una ampliación de capacidad cercana a los 19.000 cupos en los próximos cuatro años.
Aunque aún están por definirse cuáles serán los términos bajo los que operarán las APP, ya están definidos los dos primeros proyectos de ese tipo: serán centros penitenciarios en Popayán (Cauca) y Barrancabermeja (Santander) que deberán darle al sistema 7.200 nuevos cupos hacia el 2018.
El retorno de la inversión de los privados podría darse a través de la concesión de la administración de servicios ‘conexos’ como el mantenimiento de la infraestructura, salud y alimentación de los internos, entre otros. En este momento, la manutención anual de un preso en Colombia bordea los 13 millones de pesos en promedio.
“La iniciativa pública APP es la opción más viable para desarrollar proyectos carcelarios”, dice el documento Conpes. En ningún caso habrá manejo privado de la seguridad en las cárceles, asunto que seguirá siendo de resorte exclusivo del Inpec.
Lo que se busca es tener nuevas alternativas para superar dificultades estructurales como la insuficiencia de insumos médicos quirúrgicos que, según el Conpes se da en 81 de los 137 establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron), es decir, en el 59 por ciento de estos centros. Además, 73 de ellos reportan un inadecuado suministro de medicamentos y 23 no cuentan con una red prestadora de servicios de salud extramural.
De hecho, las precarias condiciones de salubridad en los centros penitenciarios motivaron el duro pronunciamiento de la Corte Constitucional, que en un reciente fallo fijó plazos perentorios al Gobierno Nacional para aliviar la situación de varias cárceles, que calificó de “escabrosa” y que comparó con las mazmorras de la inquisición.
Servicios de tecnología
En una segunda fase, los privados podrán participar para proveer servicios tecnológicos que serán clave para hacerle frente a delitos como la extorsión que se efectúa desde las cárceles.
De acuerdo con cifras del Departamento de Planeación Nacional, el 53 por ciento de las extorsiones en el país ocurre desde los centros penitenciarios, y solo 12 de los 137 Eron tienen inhibidores de señal. El año pasado, la Policía incautó 20.000 teléfonos celulares y 22.000 tarjetas SIM dentro de los centros de reclusión.
El Conpes prevé que se instalen 28 inhibidores de señal antes de que finalice este año y tener esta tecnología en todos los Eron del país para el año 2018; proyectos en los que podrán participar privados, según quedó establecido en el documento.
Además, las autoridades tienen previsto ampliar las salas de audiencias virtuales, pues de las 645 que se requieren hay 88 funcionando. Según cálculos del DNP las 557 salas que hacen falta permitirían un ahorro de 65.000 millones de pesos en cuatro años, pues el traslado de cada interno para asistir a una diligencia por fuera del centro penitenciario cuesta cerca de 3 millones de pesos.
El componente para infraestructura tecnológica tendrá un presupuesto aproximado, según el Conpes, de 123.564 millones de pesos. Esto incluye proyectos para reforzar y centralizar los sistemas de información de modo que también contengan datos de los centros de reclusión de la fuerza pública y resuelva el hecho de que el 40 por ciento de los instrumentos de vigilancia electrónica son obsoletos. Estas deficiencias tecnológicas, según el Conpes, “facilitan la comisión de delitos dentro de los Eron”.
Resocialización
La participación de los privados en los proyectos de resocialización será definitiva. El Conpes propone una hoja de ruta para disminuir las tasas de reincidencia de los internos en delitos intramurales, que el año pasado registró una tasa de 11,9 por ciento sobre un total de 160.000 internos.
El desarrollo de proyectos productivos innovadores, de la mano de la empresa privada, tendrá, según el documento, “doble beneficio”.Por un lado, genera un efecto positivo en la resocialización de los reclusos y, por el otro, disminuye los requerimientos de inversión que el Estado debe realizar para llevar a cabo estas iniciativas.
Pero fuera de los privados, el documento busca mayor participación de los entes territoriales especialmente en asuntos que tienen que ver con la detención preventiva.
De acuerdo con el Conpes, parte del problema de hacinamiento obedece al incumplimiento de alcaldías y gobernaciones de crear y dirigir las cárceles para las personas detenidas preventivamente.
De las 118.066 personas privadas de la libertad que están a cargo del Inpec, el 36 por ciento son sindicados, esto “permite inferir que si las entidades territoriales dieran cumplimiento a los mandatos legales que les imponen la obligación de atender a la población sindicada, se tendría un impacto positivo en los índices de sobrepoblación penitenciaria”.
Fuente: El Tiempo
