EL ESPECTADOR. Dos reclusos que fueron trasladados de la cárcel de Villacencio a La Picota dieron positivo para el examen del nuevo coronavirus. Así, esta cárcel bogotana se convierte en la segunda del país con casos confirmados del virus que hoy causa estragos en todo el mundo.
Hace unos días, cuando la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dio una rueda de prensa virtual tras la expedición del decreto de excarcelaciones masivas, hacía énfasis en que solo una cárcel del país tenía registrados casos del nuevo coronavirus. Ese panorama acaba de cambiar: en la cárcel La Picota, ubicada al sur de Bogotá, se confirmó que dos reclusos están también contagiados.
En esta prisión adecuaron los espacios donde se reciben usualmente a los abogados para aislar por 14 días a todos los que llegaran desde el exterior, y fue en ese lugar donde acomodaron a los dos presos que están contagiados. Llegaron de Villavicencio como medida disciplinaria, pues se habían involucrado en riñas, un tema que puede poner en riesgo a todo un pabellón.
Haber establecido el protocolo de aislamiento para personas que llegaran de otros centros penitenciarios, como se hizo en este caso, podría ayudar a que la COVID-19 no cause un contagio masivo dentro La Picota. Allí, donde hay 9.232 internos y un hacinamiento del 53 % según estadísticas del Inpec, un escenario de contagio sería mucho peor que en Villavicencio, en donde están recluidos 1.783 hombres, con una sobrepoblación del 98 %
Desde que comenzó el brote del nuevo coronavirus en Colombia, cuyo primer caso se confirmó el pasado 6 de marzo con una estudiante que llegó de Italia, se temía por las consecuencias que esta enfermedad pudiera generar en las cárceles. El hacinamiento presente en casi todas las 132 que hay en el país -solo dos no están a tope- hacía imposible que los presos conservaran la distancia que ha recomendado la OMS: unos dos metros de persona a persona.
El pasado 21 de marzo, presos de varios centros del país protagonizaron protestas, disturbios y motines. Exigían condiciones más favorables para ellos, que garantizaran que los lugares que los albergan se convertirían en foco de contagio. Organizaciones de derechos humanos hicieron lo propio. Incluso, el senador Iván Cepeda y el exdiputado Sigifredo López le pidieron a la Comisión Interamericana de DD.HH. que interviniera, alegando que el Estado colombiano no hacía lo suficiente por sus reclusos.
