La reconocida fundación Insight Crime realiza una semblanza de la corrupción carcelaria en Colombia e indica que dicha descomposición alcanza hasta los niveles más altos de la administración penitenciaria. Reproducimos el artículo publicado en su página web: (Ver abajo)
Corrupción carcelaria en Colombia es sistémica e involucra a altos funcionarios
Los directores de dos cárceles y 120 empleados del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia están acusados de cobrarles dinero a los internos a cambio de algunas ventajas, como el acceso a mejores celdas, lo que pone de relieve el rol que juegan las autoridades carcelarias en las extensas redes de corrupción en las prisiones latinoamericanas.
Según el diario El País de Cali, el mes pasado las autoridades arrestaron a los directores de La Picota y La Modelo, dos cárceles de Bogotá.
Los fiscales afirman que Luis Perdomo, director de La Picota, le pidió 30 millones de pesos colombianos (US$9.470) al recluta José Bayron Piedrahita Ceballos, un presunto narcotraficante. Ese monto era para permitir que los familiares pudieran visitar a Piedrahita antes de su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de corrupción y extorsión. Las autoridades arrestaron al director de la cárcel el 27 de enero durante una reunión con el hijo de Piedrahita, según informó El Espectador. Perdomo ha negado los cargos.
Tres días más tarde, César Ceballos, director de la cárcel La Modelo, fue arrestado por cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Los fiscales dicen que él les pedía dinero a los reclusos y sus familiares para asignarles mejores celdas. Había además tarifas por citas médicas, drogas ilegales, alcohol e incluso armas de fuego, según un informe de El Tiempo. Ceballos también ha negado los cargos.
En los últimos dos años, unos 120 empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) han sido detenidos por soborno y extorsión, según una investigación de El Tiempopublicada a raíz de la detención de los dos directores carcelarios.
Análisis de InSight Crime
El enorme esquema de corrupción que implica a dos de los más altos funcionarios de las cárceles colombianas llama la atención acerca de cómo las prisiones latinoamericanas generan y refuerzan las estructuras de crimen organizado.
Las prisiones de toda la región son viejas y se encuentran abandonadas y hacinadas. En algunos países, las deplorables condiciones de los internos y la falta de recursos han llevado a las autoridades a entregar gran parte del control a los mismos internos.
En los países del Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, las pandillas dirigen bloques de celdas, e incluso cárceles enteras. Por ejemplo, en El Salvador, los líderes pandilleros encarcelados de Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 utilizan las cárceles del país como su sede, desde donde dirigen redes de extorsión por fuera de las prisiones. En Brasil, los miembros de la pandilla carcelaria PCC deben hacer pagos para costear abogados y para protegerse de los abusos por parte de los guardias. Y en Venezuela, las mafias conocidas como pranes han establecido un sistema de extorsiones en las cárceles, donde los internos deben pagar si quieren recibir visitas.
El sistema penitenciario de Colombia, si bien es más seguro y mejor organizado que otros de la región, se encuentra demasiado hacinado y carece de suficiente supervisión. Esto ha permitido el surgimiento de los denominados “caciques” —que generalmente son capos de la mafia, comandantes guerrilleros o líderes paramilitares— quienes controlan ciertos espacios o “patios” y cobran impuestos por bienes que son ingresados de manera ilegal a las prisiones, como teléfonos celulares, drogas y licores.
Sin embargo, en el reciente escándalo de sobornos con la participación del sistema penitenciario nacional, los mismos guardias y directores se convirtieron en caciques. Ellos repartían beneficios, controlaban los precios de los bienes de contrabando y, lo más importante, manejaban las llaves para asignar patios y controlar las visitas.
Varios reclusos han descrito en detalle el mercado negro que se ha desarrollado en las cárceles de Colombia. Un preso de una cárcel de Barranquilla dijo que los internos pagaban por bolsas de arroz, televisores y acondicionadores de aire. En la cárcel de Bellavista, a las afueras de Medellín, las autoridades carcelarias les cobraban a los internos para permitirles ingresar a programas de estudio o empleo que les ayudaban a rebajar sus penas.
En la cárcel de La Picota, los reclusos pagaban una renta mensual de tres millones de pesos colombianos (unos US$1.000) para ser trasladados a bloques de celdas más cómodas. Un guardia también le dijo a El Tiempo que él había sido amenazado por denunciar la corrupción en las cárceles y que varios colegas habían sido asesinados por intentar hacer denuncias similares.
Varias grabaciones de audio que se presentaron durante una audiencia judicial muestran lo sistémica que era la red de sobornos al interior de la cárcel La Modelo en Bogotá. En una de las grabaciones, se escucha a un sujeto que le dice a la pariente de uno de los prisioneros que, para pasar el interno a un patio mejor, le debía pagar 20 millones de pesos colombianos (unos US$6.500) al director.
“Usted no es la única que está pagando”, le dice.
