Los departamentos del país le enviaron un S.O.S. al Gobierno Nacional ante lo que consideran es la ausencia de una política que permita asegurar la financiación y ejecución de soluciones para la problemática del hacinamiento carcelario en las regiones.
De acuerdo con las estadísticas más recientes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), los 118.642 internos que hay en las cárceles de Colombia deben acomodarse en espacios originalmente reservados para 79.236 reclusos. El hacinamiento, que llega 49,7%, afecta por igual los derechos de presos que purgan condenas que los de aquellos que se encuentran en situación de sindicados y que hoy suman 36.755 personas.
Las mismas cifras oficiales advierten que reducir ese hacinamiento a un límite razonable del 10% demandaría inversiones cercanas a los 8 billones de pesos, según cifras oficiales. Y los departamentos y municipios tienen a cargo aquellos centros de reclusión provisional reservados a personas contra las que la justicia penal ha decretado medidas de aseguramiento que requieren un cumplimiento intramural. Allí el hacinamiento en algunos casos supera el 350%.
El llamado al Gobierno, hecho a través de la Federación Nacional de Departamentos, se da después de que esta semana el presidente Juan Manuel Santos les pidiera a las entidades territoriales “un mayor esfuerzo para enfrentar el problema”, señalando que con el concurso de departamentos y municipios el hacinamiento podría llegar al 1%.
Sin embargo, para los departamentos, el jefe del Estado no acompañó sus observaciones con un análisis sobre los recursos presupuestales disponibles para que las entidades territoriales cumplan esa colosal misión.
“La ausencia de una política que permita asegurar la financiación y ejecución de soluciones para la problemática carcelaria en las regiones ha sido un tema de debate entre los alcaldes y gobernadores con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia, situación que se ha revisado en cumbres extraordinarias y mesas de trabajo, identificando las principales dificultades que los mandatarios tienen en los municipios y departamentos y generando propuestas para una solución articulada”, señala la Federación.
Y agrega que, actualmente, son cuatro las fuentes de recursos de los departamentos para la atención de estos establecimientos: el Presupuesto General de la Nación, cuya asignación depende de la potestad del Gobierno Nacional; el Sistema General de Regalías, que está financiando todos los sectores y sus recursos son insuficientes; el Sistema General de Participación, que representa tan sólo el 5% de la bolsa global con la cual los municipios atienden por lo menos las 23 competencias contempladas en la Ley 715 de 2001 (por ejemplo, infancia y adolescencia, atención a población víctima de la violencia y desplazado, desarrollo agropecuario). Y recursos propios de los departamentos, que son limitados y poco dinámicos.
Los departamentos plantean que el reto en los próximos cuatro años estará en discutir de fondo sobre la financiación, no solo de la infraestructura del sistema carcelario, sino del funcionamiento del mismo, para que se pueda responder tanto a los requerimientos de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como garantizar que el sistema penal cumpla con el objetivo de mejorar el efecto de la justicia en la vida de los ciudadanos.
Y concluyen: “Lograr lo anterior requerirá esfuerzos por parte de las entidades territoriales, con fuentes ciertas de financiación, pero también mayor claridad y esfuerzos determinantes de parte del Gobierno Nacional para apalancar la construcción de infraestructuras y para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema penitenciario”.
Tomado de: Diario del Cauca
