El ministro de Justicia, Yesid Reyes, urgió el resurgimiento de las cárceles municipales como una prioridad para enfrentar el grave hacimiento en el país. Según el funcionario en octubre próximo el gobierno presentará al Congreso un proyecto para regresar a esa figura que eliminó el propio Gobierno con las políticas de ajuste fiscal. Revivirlas, es un grave retroceso.
La creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad debe ser una responsabilidad del Inpec, como organismo especializado y cabeza del Sistema Nacional Penitenciario. Y desde luego al Ministerio de Justicia encargado de administrar y diseñar la política criminal.
La construcción y sostenimiento de cárceles no es una competencia de los entes territoriales, como se plasmó en la formulación de las políticas de ajuste fiscal. Por eso desaparecieron esos centros transitorios de reclusión y los Permanentes de Policía.
Y más cuando no se le asignan recursos como debería ser. Esa es la lógica de la descentralización. Pero no. Solo funciona en un solo sentido.
El Gobierno centraliza los recursos, como ocurrió arbitrariamente con las regalías petroleras, que le pertenecían a las regiones productoras y descentraliza las responsabilidades. La ley del embudo.
La crisis carcelaria es un problema estructural que no se resolverá atribuyéndole a los municipios una nueva competencia que jamás podrán ejecutar con eficacia y oportunidad.
La política penitenciaria y carcelaria es una parte esencial de la reforma integral a la justicia que se ha venido aplazando.
Una reforma articulada y coherente que no puede improvisarse al vaivén de la coyuntura. Los municipios jamás estarán preparados para construir y administrar cárceles y menos para manejar custodios. Los fenómenos de corrupción, hacinamiento y desorden no deben trasladarse a los municipios. Grave equivocación
Mientras el país siga sin una política pública integral y con medidas desarticuladas y contradictorias, jamás saldrá de este infierno en que se han convertido las cárceles.
“La crisis carcelaria es un problema estructural que no se resolverá atribuyéndole a los municipios una nueva competencia”.
Los gobiernos locales están en mora de implementar los controles sobre propagan política exterior. El espacio público comienza a recibir el impacto con toda la carga de contaminación visual y auditiva.
Fuente: La Nación – Huila
