Los delincuentes que se dedican a extorsionar desde las cárceles tienen tantas víctimas potenciales como los números registrados en los directorios telefónicos. Quienes persisten en seguir delinquiendo aun tras las rejas se valen de esta información, incluso de la publicidad que aparece de los negocios, para contactar a empresarios, comerciantes y otros ciudadanos haciéndoles la mayoría de las veces exigencias económicas.
De esto da cuenta un esquema que presentó el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión, Gaula, de la Policía del Cesar, dentro de una campaña de prevención para motivar las denuncias frente a este flagelo que persiste, a pesar de los controles de las autoridades.
“Los presos que extorsionan solo necesitan un teléfono y un directorio para hacer llamadas al azar, perfilando a sus víctimas, con base en el listado de las familias y los negocios que aparecen en el mismo”, dijo un investigador.
De acuerdo con el Gaula, las llamadas extorsivas en su mayoría salen de las cárceles Palo Gordo, en Girón, Santander; Pitalito, en el Huila; Picaleña, en Ibagué; Ternera, en Cartagena y El Bosque, en Barranquilla.
“Buscan información de las víctimas en los directorios, publicidad y falsas llamadas a teléfonos fijos, se hacen pasar por encuestadores, empleados de empresas de telefonía o entidades del Estado para obtener información”, señaló el mayor Carlos Hurtado, comandante del Gaula en el Cesar, quien dice que la modalidad ha ido en incremento.
Los reclusos que extorsionan hacen exigencias a sus víctimas que van desde medicamentos, radios de comunicación, prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y dinero hasta recargas telefónicas. Estos utilizan términos intimidatorios, aduciendo además pertenecer a bandas criminales como los Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras y reductos paramilitares; y se hacen llamar con apodos de comandantes de las mismas. El Gaula señaló que tras la ‘negociación’ con las víctimas les exigen realizar los pagos a través de las empresas de giros.
Cifras en Valledupar
El año pasado, la Cámara de Comercio de Valledupar consultó a unos 5.000 comerciantes de la ciudad sobre la afectación de este flagelo, de estos 600 reconocieron haber sido víctimas de extorsión. La cifra corresponde al 12% de los empresarios, muchos de los cuales prefirieron cerrar sus negocios en vez de seguir trabajando a pérdida por la delincuencia.
“La extorsión sigue creciendo en la ciudad, generando zozobra, inquietud y miedo entre los comerciantes”, dijo al respecto de este resultado el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, José Luis Urón, hizo un llamado a las autoridades a intensificar acciones para combatir el delito.
Señaló que es tan grave la situación, que muchos empresarios han pasado a negocios informales, dejando de pagar impuestos, seguridad social y generar empleo por cuenta de la extorsión.
“Necesitamos enfrentar con decisión este flagelo para poder permitir que Valledupar siga siendo el destino empresarial, que otras empresas sigan creyendo en esta región, que sus inversiones están seguras acá y que pueden ayudar a generar empleo y crecimiento económico”, puntualizó.
Expresó que la mayor afectación se da bajo la modalidad de micro-extorsión. “Aquí hay que tener en cuenta que la criminalidad ha diseñado una nueva estrategia para hacerse a los recursos de nuestros empresarios, antes teníamos extorsiones de gran nivel, exigían sumas millonarias, que por las mismas fueron enfrentadas por la fuerza pública, la Fiscalía y las propias víctimas, hoy con la micro-extorsión lo que hicieron fue ampliar la base de personas afectadas con mínimas cuantías”.
Dijo sin embargo, que el 57% de las personas afectadas con esta modalidad no denuncian. Insistió a los comerciantes en que deben poner en conocimiento de las autoridades estas situaciones para enfrentar a los delincuentes.
Llamadas desde las cárceles
Para las autoridades es claro que la mayoría de las llamadas extorsivas salen desde las cárceles de Valledupar, de internos que tienen personas en el exterior con las que se asocian para cobrar el dinero producto de este delito.
Las autoridades han intensificado los operativos en los centros carcelarios en Colombia, incluso colocando sistemas de bloqueo de señal para los teléfonos celulares, además de requisas en las que se han incautado cantidades de dispositivos móviles.
El coronel Faiber Martínez, comandante de Policía en el Cesar, señaló que “tenemos acciones continuas contra este flagelo, un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que arrojan resultados”.
