Desde el miércoles pasado la rama judicial comienzó los primeros pasos para normalizar la operación judicial, que ha estado a media marcha debido a las medidas de prevención por el coronavirus.
El plan de normalización de la operación judicial, socializado hace unos días por el Consejo Superior de la Judicatura, contempla una reapertura gradual de los servicios judiciales, conforme las medidas de prevención de la pandemia lo permitan.
Así las cosas, desde el pasado 17 de junio los servidores judiciales comenzaron a acudir a las sedes, para labores de planeación de la operación.
No obstante, estos ingresos responden a horarios y fechas que cada Consejo seccional de la Judicatura debe definir. Además, solo podrán estar al mismo tiempo máximo el 20 % del total de empleados cada dependencia, y no podrán acudir los funcionarios que tengan condiciones médicas que los hagan más vulnerables al coronavirus.
Pese a que se permite el regreso parcial de empleados, la Judicatura seguirá privilegiando el trabajo en casa de sus empleados en la medida de lo posible.
En cuanto a la atención al público, esta solo será posible desde el primero de julio, fecha hasta la cual, hasta ahora, el gobierno extendió el aislamiento obligatorio nacional.
#Comunicado. Consejo Superior de la Judicatura levanta suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020 y definió acciones para preparar las condiciones de la prestación segura del servicio de justicia. Vea Acuerdo 11567 de 5 de junio en enlace https://t.co/EQtLfN2AjA pic.twitter.com/oFbw4pJBxg
— Rama Judicial (@judicaturacsj) June 6, 2020
En todo caso, el ingreso a sedes judiciales seguirá siendo restringido y para ello se deberán cumplir condiciones estrictas, por lo que las consultas de usuarios y la recepción de procesos como tutelas y habeas corpus seguirán haciéndose de manera electrónica.
Lo otro que se reactiva el primero de julio son los términos en los procesos judiciales, que están suspendidos -con algunas excepciones- desde el 16 de marzo pasado.
Empero, al igual que la atención de público, las audiencias de los procesos seguirán haciéndose, de preferencia, de forma virtual. Si es necesario hacer diligencias presenciales, cada una de las partes deberá cumplir normas de bioseguridad.
Igualmente, los jueces y magistrados deberán usar medios electrónicos para todas las comunicaciones, notificaciones y demás, y deben permitirles a las partes intervenir mediante medios digitales.
