En una semana se cumplirán diez meses de la declaratoria de emergencia carcelaria y las medidas parecen seguir siendo insuficientes.
El hacinamiento se mantiene en el 52, 53 %, las quejas siguen, el Defensor del Pueblo pide cerrar cárceles y se dictan fallos de tutela que protegen a algunos presos, mientras permanece la crisis humanitaria.
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No se vislumbran respuestas a mediano plazo, ni soluciones estructurales. Hay 119.609 presos, apretujados en una infraestructura carcelaria con capacidad para 78.418 cupos, en 316 centros. La sobrepoblación es de 41.191 personas, según cifras del Inpec.
En manos de la Corte Constitucional quedaron las dos solicitudes que hizo la Defensoría del Pueblo a comienzos de este mes para que sean cerradas las prisiones de Riohacha (La Guajira), que tiene un hacinamiento del 452 %, y de Bellavista (Antioquia) en donde el sobrecupo es del 283 %.
En Cali el año pasado la Personería también pidió el cierre de Villahermosa no por el hacinamiento, que a hoy es del 267 %, sino por los problemas estructurales de la cárcel.
Las soluciones
Pese a las peticiones de cierre, las medidas para la solución de la crisis humanitaria estructural serían las ya conocidas: nuevos cupos, que los gobernadores y alcaldes asuman su obligación de atender a las personas sindicadas y dejar de enviar a tantas personas a las prisiones.
En el primer punto: nuevos cupos, el Ministerio de Justicia tiene previsto entregar 4080 nuevos este año y el Gobierno viene trabajando en la creación de tres nuevos centros penitenciarios, uno de los cuales será en Riohacha.
El exministro de Justicia Jorge Londoño había indicado que sí se ha atendiendo la demanda de cupos carcelarios, pues en “próximos meses” se entregarán obras de infraestructura carcelaria que permitirán generar 2684 nuevos cupos, en los establecimientos de Buga, Girón, Ipiales, Ibagué, Bellavista de Medellín y Manizales.
“En 2016 fueron entregados 524 y 600 más estarán disponibles en 2018, en las cárceles de Tierralta (Córdoba) y Guaduas (Cundinamarca). A la fecha, desde la creación de la Uspec (entidad encargada de construir la infraestructura), se han entregado 3992 nuevos cupos”, señaló.
En cuanto a dejar de enviar a tantas personas a prisión, el Gobierno espera que la nueva Ley 1826 de 2017 (de Procedimiento Penal Abreviado) logre un efecto de deshacinamiento en los penales, al reducir el tiempo en los casos menos complejos de investigación.
El ‘chicharrón’ que ahora deberá enfrentar Enrique Gil Botero como nuevo ministro de Justicia sigue siendo enorme, ya que en el país hay 93.000 audiencias represadas, hasta aquellas con las que la Fiscalía pide a los jueces que se ordene una captura.
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, señaló que de esas audiencias, 16.000 son de imputación de cargos y otras 1205 tienen retrasos superiores en juzgados de más de un año.
Denuncias
Ahora bien, mientras se desconoce cuándo se podrían ver los efectos de la también denominada Ley de Pequeñas Causas, las problemáticas siguen. De acuerdo con el segundo informe de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, enviado a la Corte Constitucional a finales de enero, en la cárcel de Cúcuta hay un hacinamiento del 50 %; en Palmira (Valle del Cauca), del 103 % en Anserma (Caldas), del 124 %; en Barrancabermeja (Santander), del 138 %; en Itagüí (Antioquia), del 209 %; y en Apartadó (Antioquia), del 248 %, como los casos más notorios.
El informe, elaborado por las reconocidas ONG Dejusticia, Colombia Diversa y Comité de Solidaridad de los Presos Políticos y por el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, destaca que entre 2013 y 2015 murieron 1255 internos e internas de causas naturales.
“No fue posible determinar cuáles de dichas muertes ‘naturales’ se derivaron de falta de asistencia médica oportuna, un error de diagnóstico, negligencia médica, o uso irracional de la fuerza”, dice el informe.
Las organizaciones le pidieron a la Corte que considere que la violación sexual en los establecimientos penitenciarios y carcelarios debe ser entendida como una forma de tortura, teniendo en cuanta que un alto porcentaje de estos hechos no se denuncia, por el miedo de la víctima a sufrir represalias, lesiones o muerte.
“El imaginario social y el de algunos miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia respecto de las violaciones sexuales sufridas por internos, es que en algunos casos son merecidas”, dice el documento entregado a la Corte.
Cárcel de Cali
La cárcel de Villahermosa, según un informe de la Personería del año pasado, está totalmente deteriorada y debería ser cerrada.
Informes publicados por la Personería señalan que los fallos estructurales de la cárcel podrían poner en riesgo la vida de los reclusos.
Héctor Hugo Montoya, Personero de Cali, dijo que para solucionar todos los problemas de infraestructura que tiene Villahermosa habría que demoler y volver a construir, pues sus problemas no son superficiales. Además dejó en claro que “la cárcel no debería seguir funcionando, pues en cualquier momento se viene abajo”.
Actualmente, en Villahermosa hay 6699 reclusos, pero su capacidad es de 1826.
En el Valle del Cauca las cárceles de Buga, Palmira y Buenaventura también se encuentran hacinadas con el 50 % 101 % y 95 %.
Fuente: El País – Cali
