El pasado viernes en Barranquilla, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, suscribió un convenio marco de cooperación con el que se busca desarrollar estrategias y proyectos para la planeación, construcción, administración y mantenimiento de los centros penitenciarios y carcelarios del Atlántico.
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Con esta iniciativa la cartera de Justicia busca reducir la tasa de hacinamiento en las cárceles y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI’S). “Esto significa un gran paso para el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria en el país. De esta manera formalizamos un compromiso para intercambiar información valiosa en materia penal, criminal y penitenciaria, que será insumo primario para generar medidas que contrarresten las problemáticas advertidas”, señaló el Ministro.
Por su parte Pedro Lemus Navarro, Gobernador (e) del Atlántico, y Clemente Fajardo, Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Barranquilla, aseguraron que este convenio -además de proveer 2.000 nuevos cupos para Barranquilla y el Atlántico- busca poner en marcha un centro de custodia provisional para 350 internos que estén sindicados por delitos de bajo impacto en la cárcel El Bosque, con lo que podría disminuir en un 25% el hacinamiento que actualmente se presenta en esta penitenciaría.
El jefe de la cartera de Justicia indicó que desde el Ministerio se busca enlazar la seguridad ciudadana con las garantías y derechos de las personas privadas de la libertad. “En este momento tramitamos en el Congreso un proyecto de ley que plantea una política penitenciaria que impacte positivamente el sistema penitenciario. Desde Atlántico se puede irradiar un modelo que se replique en todo el país, pues los entes territoriales tienen una obligación con la población reclusa”, manifestó.
Con la suscripción de este convenio el Gobierno Nacional busca fortalecer y racionalizar la política criminal y penitenciaria del Atlántico y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
El Ministro añadió que para la cartera que él preside resulta clave entender que un pilar fundamental de la política criminal y penitenciaria es la aplicación de la pena privativa de la libertad como última ratio. “Hemos venido dando cumplimiento a lo declarado por la Corte Constitucional, que ha planteado la superación del estado de cosas inconstitucional en los establecimientos penitenciarios”, señaló.
El alto funcionario concluyó su intervención asegurando que lo más importante de las medidas o estrategias que se implementen en el marco de esta relación de cooperación será el garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. “La construcción de centros de reclusión deberá cumplir con los estándares más altos definidos por la Corte Constitucional y los demás organismos internacionales en cuanto a diseño y ejecución”, puntualizó.
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