El nuevo ministro de Justica, Jorge Londoño, llegó agarrando el toro por los cuernos. Aunque apenas ha pasado una semana desde que fue nombrado como jefe de cartera, el alto funcionario decidió encarar uno de los dolores de cabeza de su ministerio: la salud en las cárceles.
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Y es que lo encontró Londoño es una verdadera ‘olla podrida‘. La mayor parte de la población reclusa del país no está recibiendo la atención médica necesaria, ni son atendidos en servicios de urgencia y, mucho menos, les prestan atención a enfermedades de alto costo.
Los meses han pasado y los internos con VIH (611 reclusos), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), EPOC (188) y psiquiátricos (2.884), no reciben el servicio de salud. La crisis es inminente y, por eso, el ministro decidió ponerle nombre a la situación y declaró una «emergencia carcelaria».
Es así como le otorgó facultades especiales al director del Inpec y a la Unidad de Servicios Pernitenciarios para tomar acciones expeditas que permitan hacerle frente a situación, como poder hacer contratación directa para obras de mejoramiento en las unidades de sanidad, compra de medicamentos y atención urgente de los servicios de salud.
Pero no solo eso, pidió adoptar otras tres medidas:
1. Realizar brigadas de salud inmediatas desarrolladas por una red social de apoyo conformada por las direcciones seccionales de salud de los departamentos, ONG y la fuerza pública.
2. Modificar el Manual de Funcionamiento a cargo del Inpec para que profesionales de salud que son actualmente funcionarios de áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales.
3. Ejecutar a la brevedad obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de los establecimientos de reclusión.
Sin embargo, según explicó, estas medidas de carácter inmediato no dejan de lado la búsqueda de «una solución de fondo a la crisis» y, por ahora, responde a una situación urgente.
Fuente: Revista Semana
