Un llamado de atención hizo la Corte Constitucional al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) al fallar una tutela sobre problemas de acceso a los servicios médicos que padecen las personas privadas de la libertad.
La historia es la siguiente, a la Corte llegó el caso de un hombre que se encuentra en detención domiciliaria y que no ha recibido los tratamientos médicos que necesita para sus problemas psiquiátricos, dado a que el Inpec lo desafilió de la Nueva EPS y lo registró a la EPS en liquidación Caprecom, entidad que tiene bajo su custodia a toda la población carcelaria.
Para la Corte la situación es tan grave, que advirtió que se trata de una persona declarada “interdicto judicialmente por discapacidad mental absoluta”, por lo que recordó que “es deber del Estado cumplir con la obligación de utilizar todos los medios para garantizar el servicio de salud en condiciones adecuadas, oportunas, eficientes y continuas” en especial si puede poner no solo en peligro su vida sino también la de su familia.
Razón por la que advirtió al Inpec que en casos espéciales como este, las personas privadas de la libertad no pueden ser desafiladas de sus EPS, si el Estado no tiene herramientas suficientes para garantizar tratamientos y medicamentos.
Recalcó la Corporación Judicial que “lo que se cuestiona es la implementación del modelo de salud para la población privada de la libertad” pues “es deber del Estado y de las entidades prestadoras del servicio público de salud asegurarles a los afiliados al sistema la continuidad en el tratamiento, cuidado y manejo de su enfermedad”.
Fuente: CM& La Noticia
