En 12 días se cierra oficialmente la licitación para dotar con un nuevo sistema de telecomunicación a 137 penales del país. Pero esta vez no está incluido el servicio de bloqueo de llamadas, vital para evitar las extorsiones desde prisión.
El bloqueo funciona en 15 cárceles del país, y en 11 de ellas lo ofrecen de manera gratuita los actuales operadores. Aunque a ellos les cuesta cerca de 12 millones de dólares, lo aportan como un plus por los cerca de 21.000 millones de pesos que reciben anualmente por el servicio de telefonía.Pero el 2 de octubre pasado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) les anunció que el Gobierno asumiría de su bolsillo el bloqueo.
La exclusión llamó la atención de los ofertantes porque no hay ninguna licitación andando para ello y en marzo se quedarán sin bloqueo las cárceles de Valledupar, Picaleña, Cali, Pereira, Pedregal, Puerto Triunfo, Acacías, Bucaramanga, La Modelo, Cúcuta y Barranquilla.
En la cárcel de Cómbita, el bloqueo fue donado por una empresa de telefonía celular, como compensación social; y en Itagüí (Antioquia) lo asumió la Alcaldía.
El Gobierno solo tiene a su cargo el servicio en La Picota (que presenta fallas) y requiere extenderlo a 12 penales más, obedeciendo tres directrices: en el 2011, se expidió el Decreto 4768 y, tres años después, la Ley 1709 del 2014, en los que se urge al Inpec a tomar medidas en la materia.
Ni plata ni contratos
Además, el Conpes 3828 del 2016 determina el modelo de bloqueo de celulares: una asociación público-privada (APP) que “deberá contemplar también la posibilidad de la implementación de las últimas herramientas informáticas para la detección y prevención del crimen”.
Incluso, dicha norma prevé una inyección de 14.000 millones de pesos para sacar adelante el proyecto.
De hecho, el propio director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, hizo una presentación en el 2016 en la que se habla claramente de abrir la licitación “donde se otorgue la prestación de telefonía en los Eron (Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional), pero además contenga el componente de bloqueo de telefonía móvil en los 136 Eron”.
Pero todo indica que hubo un cambio de planes que podría dejar sin este servicio a varias cárceles del país. El Inpec les dijo a los interesados en la licitación que no tiene previsto, dentro de la fase de la implementación, la instalación del bloqueo y que luego se buscarían los recursos.
Y aunque supuestamente estaba caminando la APP ante Planeación Nacional, allí le informaron a EL TIEMPO que si bien se presentó un proyecto en el 2015, “hoy se encuentra en estado de prefactibilidad”.
Y aunque hay otro proyecto para el bloqueo, aparece en los archivos de Planeación con una asignación de “cero pesos”.
Al respecto, el Inpec le dijo a EL TIEMPO extraoficialmente que se estaba contemplando que el tema lo asumiera el Ministerio de Defensa y pidió más tiempo para entregar una respuesta oficial.
Pero hoy nadie sabe qué va a pasar en el entretanto.
¿Qué dice el Inpec?
De manera extraoficial, el Inpec informó que se separó la licitación de la telefonía del bloqueo de señal de celular porque cubrir los 137 penales del país con esta tecnología salía muy costoso para los actuales operadores e implicaba entregar contratos a más de 10 años.
Además, que el Inpec y los entes territoriales también manejan tecnología de bloqueo y los operadores solo se encargan del sistema en una minoría de cárceles. Por último, se indicó que el bloqueo lo asumiría el Ministerio de Defensa por ser un tema de seguridad nacional.
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