La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informó este miércoles que la Nación evitó una condena cuyo impacto fiscal y judicial hubiese sido ampliamente perjudicial para el Estado colombiano.
El proceso comenzó cuando un grupo de reclusos, que desarrollaron actividades ocupacionales en un complejo carcelario y penitenciario, ubicado en Ibagué (Tolima), interpusieron una demanda laboral contra una empresa comercial de alimentos y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Lo anterior porque pretendían que se declarara la existencia de un contrato verbal de trabajo a término indefinido y, como consecuencia, solicitaban el pago de las prestaciones sociales derivadas de dicha relación jurídica.
También solicitaron vincular al Inpec al pago de la supuesta deuda laboral, en la medida en que fue la entidad beneficiaria de la labor desempeñada por los internos.
Decisiones de instancia y estrategia jurídica de las partes
Un juzgado laboral del circuito de Ibagué resolvió la existencia del contrato de trabajo entre los reclusos y la Sociedad Proalimentos Liber SAS y declaró responsables a las otras entidades demandadas.
La condena obligaba al pago de casi $ 700 millones al grupo de reclusos accionantes por concepto de cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones por el tiempo laborado.
Ante la decisión de esta primera instancia, el Inpec y Andje interpusieron recurso de apelación y el proceso llegó al conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que revocó la sentencia de primera instancia, acogiendo los argumentos de ambas entidades.
Dicha estrategia de defensa se apoyó en los alcances dados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional a las relaciones de especial sujeción existente entre los reclusos y el Estado.
Pero también profundizó sobre el fin resocializador de la pena, la naturaleza y régimen legal que rige el trabajo carcelario y sus diferencias con el contrato de trabajo en los términos del Código Sustantivo de Trabajo.
Según el concepto de la Andje, si el Estado hubiera sido condenado por esta situación, se abriría la puerta para la proliferación de demandas en contra de la Nación por circunstancias similares en los centros carcelarios del país. “Esto implicaría el pago de millonarias condenas cuyo impacto fiscal sería muy grave y cuyo costo lo hubieran asumido todos los colombianos”, dijo la entidad.
Fuente: Ámbito Jurídico
