Este jueves se conoció que un juez de Bogotá ordenó el traslado del controvertido empresario Emilio Tapia de la cárcel La Picota en Bogotá a la Base Naval de Cartagena. La decisión se fundamenta en que a Tapia, principal testigo de cargos contra decenas de personas dentro de los proceso del denominado ‘carrusel de la contratación’ lo iban a envenenar.
Un argumento que según miembros del Inpec en La Picota es controvertible, pues Tapia se encuentra en uno de los pabellones más custodiados y seguros de esa penitenciaría en la capital.
Pero con la decisión tomada por pate del servidor judicial, llegaron nuevas noticias. Semana.com conoció que las directivas de la base naval en Cartagena, donde también permanece recluido el exministro Sabas Pretel de LA Vega, notificó al Inpec y al juzgado que no puede recibir a Tapia.
La razón es sencilla: allí no cuentan con las medidas especiales que requiere este recluso considerado de alto riesgo por la información que posee de las irregularidades cometidas por decenas de funcionarios y empresarios con los dineros públicos en Bogotá.
Ahora toca esperar a que el juez reconsidere su decisión y establezca un nuevo lugar a donde será enviado Tapia. Él, por ahora, según fuentes del Inpec, deberá continuar en Bogotá, hasta que se defina su situación.
Esta no es la primera vez que un juez ordena medidas para proteger al principal testigo de la Fiscalía en el escándalo del carrusel. El 20 de enero se ordenó a la Policía Nacional brindar acompañamiento a su familia, tras denunciar seguimientos y amenazas contra su vida.
El excontratista Emilio Tapia fue condenado a 17 años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. También tiene otra sentencia de tres años por el delito de concierto para delinquir. Todavía lo espera una condena por enriquecimiento ilícito.
Fuente: Revista Semana
