Contratos de construcción sin diseños definitivos, millonarios anticipos, pagos totales de obras inconclusas, sobrecostos e incumplimientos de los plazos. Esas son algunas de las irregularidades que halló la Contraloría General en una auditoría que realizó a la gestión, durante el 2016, de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec).
En particular, el informe llama la atención sobre los proyectos de ampliación de cinco establecimientos carcelarios de alta y mediana seguridad (El Espinal, Tuluá, Buga, Ipiales y Girón), en los que encontró “graves deficiencias en la administración de los recursos”.
El órgano de control detectó 17 anomalías administrativas, 12 de ellas con incidencia fiscal por más de 18.000 millones de pesos. El informe raja nuevamente a la Uspec, que desde su creación, hace seis años, ha sido cuestionada porque no cumplió su objetivo: acabar con las dudas y escándalos que tuvo el Inpec en el manejo de las contrataciones de las cárceles del país.
Revela, por ejemplo, que en las obras de ampliación de las cárceles terminaron beneficiándose significativamente los contratistas y subcontratistas en detrimento de los recursos del Estado, porque se hicieron pagos que superaban los valores reales de las obras. En esta área, el hueco es superior a los 3.300 millones de pesos.
Además –dice el informe– “se firmaron contratos sin diseños definitivos, lo que conllevó a posteriores retrasos y desfase de precios, así como el pago de costos directos por encima de costos reales, lo que incrementó la utilidad del contratista por concepto de intermediación, en detrimento de los intereses de la entidad estatal, o modificaciones a la cimentación de los proyectos, sin el aval del diseñador”.
Como si fuera poco, los interventores ordenaron el desembolso de dinero de construcciones sin terminar o que no fueron ejecutadas de acuerdo con las especificaciones suscritas en el contrato.
La Contraloría señaló que a diciembre del 2016 no se había entregado ni un solo nuevo cupo carcelario, pues los entregados correspondían a adecuaciones de centros penitenciarios ya existentes.
Así mismo, se elevó a daño patrimonial el pago de estudios y diseños por 3.512 millones de pesos para la ampliación de las cárceles de Cómbita, Sincelejo, Palmira y San Gil, obras para las que no se cuenta con recursos, algo que el órgano de control calificó de inversiones “inútiles”.
“Se establece un presunto alcance fiscal, por el posible detrimento causado al erario como consecuencia de una gestión antieconómica, ineficiente, ineficaz e inoportuna realizada por la entidad al pagar por unos estudios y diseños que a la fecha no se han materializado en las obras esperadas”, dice la Contraloría.
