El Banco Popular respondió a las denuncias sobre un supuesto “nuevo impuesto al sistema carcelario” que, según denuncia de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se realizará a las cuentas de personas privadas de la libertad.
La entidad bancaria señaló, a través de una comunicación escrita, que desde hace nueve años mantiene una relación comercial con el Inpec, que incluye un convenio para que el banco reciba las consignaciones que se realizan con destino a la población privada de la libertad.
“Hemos mantenido (el convenio) a pesar de las pérdidas que ha representado para nuestro Banco, porque entendemos la importancia de este convenio para dicha población, como para el mismo Inpec. Sin embargo, teniendo en cuenta los costos operativos en los que incurre el Banco para cumplir con lo pactado, fue necesario buscar opciones de reciprocidad para el proceso”, señala la comunicación del Banco Popular.
La entidad precisó que “desde el Banco presentamos en 2017 una propuesta financiera al Inpec con dos opciones: primero, mantener promedios mínimos retributivos en su cuenta corriente y de ahorros o, segundo, el pago de una comisión de operación”.
“La dirección del Instituto Penitenciario nos informó que no podía mantener los promedios mínimos requeridos en sus cuentas y optó por el pago de la comisión de operación, determinando además trasladarle al personal privado de la libertad el costo de los servicios”, precisó.
Es decir que fue el Inpec el que determinó el cobro de los 2 mil pesos más IVA por transacción en la cuenta de las personas privadas de la libertad por los servicios del banco.
Tras la determinación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el banco advierte que “no tuvo injerencia alguna, dado que la relación contractual para la prestación de los servicios bancarios de recaudo se encuentra suscrita entre el banco y el Inpec”.
La denuncia provino de sindicatos de Guardias del INPEC, que señalaron que entidad bancaria les había anunciado el cobro de 2 mil pesos por transacción que se realicen a nombre de los reclusos a nivel nacional, de las cuentas bancarias que los internos utilizan para adquirir productos en los dispensarios de las cárceles.
El Banco Popular aclara que “como nuestra relación contractual es con el Inpec y no con los usuarios que se benefician del convenio, los costos operativos que genera al Banco la prestación del servicio de recaudo deberían ser asumidos por el Inpec».
Además, explica que “el Banco Popular no ha requerido ni requerirá a quienes se benefician de este convenio cobro de comisión alguna por el servicio de recaudo, esta fue una decisión que tomó y comunicó directamente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a la población privada de la libertad”.
Tomado de: RCN Radio
